Trabajadores toman planta de tratamiento de desechos sólidos en Mérida exigiendo control obrero
- Publicado: 28 Septiembre 2007
de Septiembre el control de la Planta de
Tratamiento de Desechos Sólidos ubicada en el sector de Puente Viejo,
al sur de la ciudad Mérida. La planta es de propiedad pública, y fue
administrada por la empresa Sincreba, beneficiaria de una concesión
estatal, hasta que los trabajadores pusieron fin a una larga gesta
criminal y explotadora de los patronos, tomando la planta y exigiendo
la intervención del Estado para que formalice el control obrero y
revoque la concesión otorgada a esta sucursal del capitalismo salvaje.La historia de esta planta ha sido la de un extenso repertorio de crímenes de cuello blanco en contra del bien público y los trabajadores, en ella se reúnen los vicios característicos del capitalismo.
En el año 2002 se anunció la construcción de una planta de reciclaje con la capacidad para procesar 500 toneladas de basura diarias, y ya aparecía por aquel entonces el nombre de Sincreba como la empresa a la que se le adjudicaba la construcción de dicha planta.
El propósito de dar una solución duradera al problema de la basura en Mérida, de manifiesto en crisis recurrentes desde la apertura del botadero de "El Balcón" en 1992, llevó a crear una mancomunidad entre los municipios de Rangel (Mucuchíes), Santos Marquina (Tabay), Libertador (Mérida), Campo Elías (Ejido), y Sucre (Lagunillas); la gobernación de Mérida y esta mancomunidad lanzan el proyecto de la planta de reciclaje como una alternativa definitiva al botadero de "El Balcón".
La primera estafa de Sincreba se consuma en el diseño de la planta, área para la cual carecía de experiencia. Varios expertos señalaron antes de su construcción que la planta respondía conceptualmente al propósito principal de clasificar la basura: esto, de entrada, implicaba la imposibilidad de dar un tratamiento integral al volumen de basura producido diariamente por los municipios. El éxito del proyecto requería la implementación de una política integral que incluyera la clasificación de la basura por parte de la ciudadanía y los recolectores, an
tes de llegar a la planta de tratamiento, pero este
aspecto no fue contemplado por los burócratas y los empresarios que
asumieron el negocio de construir la planta.Pero además de esto, la primera planta construida resultó de dimensiones ridículamente pequeñas. Cuando se pone en funcionamiento una segunda planta, ya la inversión estatal supera ampliamente los 12 millardos de bolívares. Inspecciones independientes constatan que los materiales empleados en las estructuras de la planta no son apropiados para resistir la dinámica propia de su función, que incluye la exposición a desechos corrosivos. Para engordar sus ganancias, la empresa sustituye materiales resistentes por alternativas más baratas.
El fracaso en el diseño conceptual de la planta lleva inevitablemente a su colapso en apenas seis meses de funcionamiento, a partir de su inauguración en agosto de 2006. Al cabo de este tiempo, el terreno de Puente Viejo, que debía ser el destino final de los desechos procesados y no reutilizables, se convierte en un nuevo botadero al que va a parar directamente la mayor parte de la basura sin pasar por tratamiento alguno. El botadero está situado peligrosamente cerca de un afluente del Río Chama, con el riesgo de que se produzca un deslave que proyecte miles de toneladas de basura hacia su cauce. La gobernación proyectó la construcción de una carretera hacia el sector de Lomas de San Antonio, con el fin de crear aún otro botadero, pero no ha ejecutado la obra.
En febrero de 2007, un mes antes de que se plantee oficialmente la reapertura del botadero de "El Balcón", debido al colapso de la planta y el nuevo botadero, los patronos de Sincreba crean una cooperativa para subcontratar los servicios que eran realizados por su personal obrero. De esta forma nace la cooperativa "La Rosa Mística", con el poco elevado fin de trasladar a los trabajadores los costos de la ineptitud y la corrupción patronal; se trata de una "Cooperativa Anónima", conformada por cinco personas, el requisito mínimo legal, que como subcontratista empleará a su vez a los trabajadores de Sincreba.
El presidente de Sincreba, Ricardo Vielma, no ha honrado hasta el día de hoy la deuda con los trabajadores por concepto de prestaciones sociales, luego de su despedido y la creación de la cooperativa.
Los trabajadores son sometidos a un régimen de explotación salvaje, con una remuneración variable que no supera los 120 mil Bs. mensuales, muy por debajo del salario mínimo, en razón de 180 Bs. por kilo de material clasificado. Este material es vendido por Sincreba a precios que están, en algunos casos, más de cien veces por encima del precio pagado a los trabajadores. Los materiales más comúnes, como el plástico o el aluminio, son vendidos por la empresa a precios por encima de los 3000 Bs.
Además de esto, los trabajadores carecen de seguro social, condiciones apropiadas de seguridad e higiene industrial, atención médica, caja de ahorros, y otros beneficios, y carecen de instrumentos para reclamarlos debido a la política patronal instrumentada con el parapeto de la cooperativa.
Con el propósito de luchar en contra de las miserias a las que les somete el patrono, crean el sindicato SINTRAPLAN, sobre la premisa de que hay una relación laboral de hecho, aún cuando ella se pretenda desconocer formalmente por parte de la empresa. Los trabajadores pasan de los reclamos reivindicativos a la decisión de asumir el control obrero de la planta, cuando los patronos sustraen de ella un camión y otros equipos, en una semana que culmina con la toma del día sábado 22 de Septiembre, y la exigencia de que el patrono y sus allegados abandonen la planta. Pasando por sobre las amenazas de muerte en contra del abogado del sindicato y algunos trabajadores, la toma obrera es hoy una realidad. Esta justa lucha de los obreros exige la intervención del Estado y la solidaridad activa del pueblo trabajador, para consolidar nuevas relaciones de trabajo, dignas y sin explotación, en el procesamiento de la basura en Puente Viejo. En lo inmediato, el Estado debe garantizar la seguridad de los trabajadores frente a las amenazas patronales, y más allá de eso, es indispensable que se aborde el problema en toda su magnitud ambiental y social, buscando una solución sostenible a este problema, agudizado por la gestión desastrosa de Sincreba y los burócratas cómplices, sobre quienes debe recaer de manera implacable el brazo de la justicia.
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