Trabajadores de TV ULA toman sus instalaciones y exigen control obrero

Reportaje del CLAN sobre esta toma y la nítida visión revolucionaria de los trabajadores que la impulsan. Estamos ante un caso que debería convertirse en bandera para quienes luchan por la socialización de los medios de comunicación.

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A partir de las 6 am de este martes, 30 de Octubre, un grupo de trabajadores del canal TV ULA, agrupados en torno al sindicato Sintratvula, mantienen tomadas las instalaciones del canal, exigiendo que el medio de comunicación pase a ser administrado bajo un régimen de control obrero. En conversación realizada durante horas de la mañana con este grupo de trabajadores, en la sede del canal ubicada en el Centro Comercial Alto Chama, pudimos conocer las motivaciones y proyecciones de esta toma.

Los trabajadores ilustran los antecedentes de la toma

El canal TV ULA realiza transmisiones desde el año 2002, y su primer período de funcionamiento fue en gran medida autogestionario, cubriendo con sus ingresos los gastos e inversiones, e incluso realizando aportes económicos a la Dirección de Fomento de la ULA. Pese a manejar una imágen corporativa en la que se presenta a un medio de comunicación universitario, el canal está organizado bajo la figura de una compañía anónima, en la cual el 95% de las acciones son de la universidad, y un 5% corresponden a PROULA, una empresa de la universidad. Bajo esta figura legal, los trabajadores no son considerados personal empleado de la universidad.
Con la gestión del actual rector, Léster Rodríguez, el canal sufre un drástico un giro político, cediendo espacios en su programación para el proselitismo derechista. El rector aprovecha su prerrogativa de nombrar a la junta directiva del canal para sembrarla de militantes del partido Copei, y dictar la línea editorial desde la Dirección de Medios de la ULA. El canal recurre en ocasiones a enlaces con el canal Globovisión, y comienzan las persecuciones políticas en contra de los trabajadores que no simpaticen con la línea derechista. El director del canal, de reciente nombramiento, es Fortunato González, profesor y activista opositor imputado por su participación en el golpe de abril de 2002.

Irregularidades en TV ULA

En Julio de este año se realizó una primera toma de los estudios de grabación, como una medida de protesta de los trabajadores en contra de la mudanza del canal, desde su sede en el núcleo de La Hechicera hacia una sede ubicada en Alto Chama. Esta mudanza hacia un reducido local, propiedad de Fogade, se tradujo en el abandono de equipos valorados en más de 300 millones de Bolívares, por falta de espacio en la nueva sede, y la salida del canal de espacios que gozan de protección en virtud del principio de la autonomía universitaria. La presunción de los trabajadores es que este movimiento de las autoridades persigue fines privatizadores.
El canal incumple sistemáticamente con diversos instrumentos legales, incluyendo la Ley Resorte, al no otorgar espacio a la producción nacional independiente.

Abuso patronal en contra de los trabajadores

Las autoridades universitarias, encabezadas por Léster Rodríguez, ingresan personal de confianza y desplazan a un grupo importante de trabajadores, buscando justificar el despido del personal inconforme, y logrando forzar algunos despidos indirectos. Parte del personal afecto a las autoridades cobra doble sueldo, al tratarse de empleados de la Dirección de Medios y otras dependencias universitarias. La escala de salarios observa desproporciones grotescas. Mientras tanto, los trabajadores del canal no cotizan en el Seguro Social, están retrasados en su cotización por concepto de Ley de Política Habitacional, y en el ambiente de trabajo no se observan las normas de higiene y seguridad.

Frente a esta grave situación, los trabajadores agrupados en torno a Sintratvula, con el apoyo del sindicato de vigilancia Sibtravim, han tomado las instalaciones de TV ULA, exigiendo que pase ser administrado control obrero y se convierta en un canal al servicio del pueblo, un medio democrático de la clase trabajadora. Para ello exigen la urgente mediación de las autoridades del gobierno nacional y de Conatel.

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