Esta semana, los trabajadores de las Fábricas Ocupadas inician otra campaña nacional e internacional por la defensa del empleo. El motivo es la decisión del juez federal Oziel Francisco de Souza, del áera fiscal de Joinville, de confiscar el 11% de la facturación de Cipla para efectuar el cobro de parte de una deuda de 200 millones de reales acumulada por los antiguos accionistas de la empresa Luiz y Anselmo Batschauer con la Seguridad Social.